COMUNIDAD JURIDICA DE OCCIDENTE
1. Como hemos llegado a ser lo que somos.
Históricamente Quetzaltenango ha constituido un espacio de referencia indeleble en el contexto social, económico y académico de la república guatemalteca, icono de la cultura y símbolo de hidalguía y calidez humana; sendos acontecimientos dan cuenta de ello, en especial los movimientos de emancipación de 1839, al constituirse en el sexto Estado de los Altos, como respuesta crítica y razonable al movimiento conservador y despótico que excluye a los liberales del poder. En el plano cultural y académico existe un mayor legado, de actores, músicos y poetas, a los ya clásicos juegos florales latinoamericanos de reconocido valor artístico; la existencia de la primera extensión universitaria sancarlista y landivariana, así como la alta calidad de la enseñanza del derecho de aquellos tiempos, se recuerda a través de prominentes abogados y juristas que la ciudad ha proveído, quienes han hecho aportaciones a nivel nacional, entre otros Jiménez Cajas, Monroy Paredes, Hurtado Aguilar, Vásquez Martínez, Barrientos Pellecer; así como haber tenido a la primera abogada mujer a nivel nacional. Claro está, este matiz especial fue afectado por los cruentos años de la guerra fría, cuyos efectos afloran en todo ámbito, y que en el académico se refleja en la mediocre y parca enseñanza del derecho, e igual ejercicio profesional, sin compromiso social y menos servicio a la justicia, lo que fortalece la desarticulación gremial y consecuente celo profesional, siendo fenómeno nacional.
En este ambiente de hostilidades y cortapises, cuatro profesionales del derecho con distinta dinámica y diferente función se reúnen por primera vez el 10 de noviembre de 2004 en la sede del Consulado Mexicano en Quetzaltenango, con muchas inquietudes pero con un solo y común objetivo “el estudio del derecho penal”, el cual se ha mantenido hasta el momento actual; en esta primera reunión se definió la naturaleza del grupo “multidisciplinario, reflexivo, crítico, propositito y de de permanencia voluntaria”, en el entendido que habían dos funcionarios judiciales, un litigante y un académico de carrera diplomática; además, que no se trataba de un grupo de repetición del conocimiento ni de lectura, por lo que la metodología se centraba en el análisis de la teoría y práctica, para que sobre esa base comparativa se obtuvieran conclusiones adecuadas en cada tema con relevancia en la práctica judicial y también en la academia. Por su carácter y condición ínsita, se estableció la permanencia voluntaria, a razón de no exigir a alguno de los miembros su presencia, ni continuidad, lo que causo un efecto positivo, toda vez que estos cuatro profesionales durante todas las sesiones, han faltado una o dos veces excepcionales y siempre con justificación razonada.
En poco tiempo de iniciado el grupo, una defensora pública de Quetzaltenango se entera de las reuniones y temas tratados, por lo que pide ser parte del grupo, lo cual no estaba previsto, pero fue bienvenida inmediatamente; las vacaciones de fin de año y otras situaciones complejas, determinaron la suspensión de las sesiones por tres semanas, más no su interrupción, ya que el miércoles de la segunda semana de enero de 2005, se volvieron a reunir, tal y como estaba previsto, ahora con la grata incorporación de los jueces del tribunal de sentencia departamental. La presencia de nuevos miembros, ahora 7 y con el interés de otros profesionales de integrarse, determinó cambiar el lugar de reuniones, en la sala de deliberaciones del tribunal de sentencia departamental, que en un par de reuniones demostró ser insuficiente para los asistentes, por lo que se opto por utilizar la sala de capacitaciones del Complejo Judicial de Quetzaltenango, lugar en el que aún se realizan las sesiones de estudio, y que si bien es cierto al inicio su espacio para 45 personas era adecuado, ahora resulta insuficientes para los miembros actuales de la Comunidad Jurídica de Occidente.
Durante el tiempo de existencia del grupo, han participado como disertantes reconocidos académicos internacionales, entre los que sobresalen Alberto Binder (Argentina), Jhon Valvaele (Holanda), Jenny Pearcy (Inglaterra), Mauricio Duce (Chile), Silvina Ramírez (Argentina), Juan Enrique Vargas (Chile), Cristian Hernández (Chile). Asimismo, han asistido profesionales guatemaltecos de distinto lugar, con temas específicos y multidisciplinarios siempre vinculados al área penal.
Actualmente, la Comunidad Jurídica de Occidente está conformada por jueces, fiscales, defensores públicos, profesores de derecho, investigadores y litigantes de los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Retahuleu, quienes cada miércoles de 18:30 a 21:00 horas se reúnen en la sala de capacitaciones del Complejo Judicial de Quetzaltenango, con distintas motivaciones y diferentes esfuerzos para llegar, así como con criterios distintos y distantes, que en cada sesión llegan a converger e inmediatamente a aplicarse en el contexto judicial penal. El carácter plural de sus miembros, los conocimientos y experiencias de cada uno, así como las reglas no dictadas pero observadas, hacen de cada sesión un espacio idóneo del intercambio de conocimientos y construcción de conclusiones que pasan de lo académico a lo pragmático; pero además y relevante a la vez, crea un ambiente de confianza, respeto, tolerancia, armonía, solidaridad y compromiso por mejoras las prácticas forense, tendiente a tener un mejor sistema judicial, en el que todos participan determinantemente.
Por todas estas circunstancias, se ha mantenido el objetivo del grupo “estudio del derecho penal”, e incorporado el fin de “mejorar el sistema judicial penal”, variando la metodología inicial de carácter perspectívico, al de la teoría, práctica y conclusión, siempre conservando la participación efectiva de sus miembros. Es así como la Comunidad Jurídica de Occidente se convierte en una experiencia exitosa y única en Guatemala, que en vez de involucionar ha evolucionado positivamente en todo sentido y marcado una línea plausible a seguir, en especial por los aportes que le ha dado al modelo judicial penal basado en audiencias.
“No nos une el dinero ni los reconocimientos,
es el gusto al estudio del derecho y el compromiso
por mejorar el sistema judicial, lo que nos mantiene.” (Erick Juárez)
1. Como hemos llegado a ser lo que somos.
Históricamente Quetzaltenango ha constituido un espacio de referencia indeleble en el contexto social, económico y académico de la república guatemalteca, icono de la cultura y símbolo de hidalguía y calidez humana; sendos acontecimientos dan cuenta de ello, en especial los movimientos de emancipación de 1839, al constituirse en el sexto Estado de los Altos, como respuesta crítica y razonable al movimiento conservador y despótico que excluye a los liberales del poder. En el plano cultural y académico existe un mayor legado, de actores, músicos y poetas, a los ya clásicos juegos florales latinoamericanos de reconocido valor artístico; la existencia de la primera extensión universitaria sancarlista y landivariana, así como la alta calidad de la enseñanza del derecho de aquellos tiempos, se recuerda a través de prominentes abogados y juristas que la ciudad ha proveído, quienes han hecho aportaciones a nivel nacional, entre otros Jiménez Cajas, Monroy Paredes, Hurtado Aguilar, Vásquez Martínez, Barrientos Pellecer; así como haber tenido a la primera abogada mujer a nivel nacional. Claro está, este matiz especial fue afectado por los cruentos años de la guerra fría, cuyos efectos afloran en todo ámbito, y que en el académico se refleja en la mediocre y parca enseñanza del derecho, e igual ejercicio profesional, sin compromiso social y menos servicio a la justicia, lo que fortalece la desarticulación gremial y consecuente celo profesional, siendo fenómeno nacional.
En este ambiente de hostilidades y cortapises, cuatro profesionales del derecho con distinta dinámica y diferente función se reúnen por primera vez el 10 de noviembre de 2004 en la sede del Consulado Mexicano en Quetzaltenango, con muchas inquietudes pero con un solo y común objetivo “el estudio del derecho penal”, el cual se ha mantenido hasta el momento actual; en esta primera reunión se definió la naturaleza del grupo “multidisciplinario, reflexivo, crítico, propositito y de de permanencia voluntaria”, en el entendido que habían dos funcionarios judiciales, un litigante y un académico de carrera diplomática; además, que no se trataba de un grupo de repetición del conocimiento ni de lectura, por lo que la metodología se centraba en el análisis de la teoría y práctica, para que sobre esa base comparativa se obtuvieran conclusiones adecuadas en cada tema con relevancia en la práctica judicial y también en la academia. Por su carácter y condición ínsita, se estableció la permanencia voluntaria, a razón de no exigir a alguno de los miembros su presencia, ni continuidad, lo que causo un efecto positivo, toda vez que estos cuatro profesionales durante todas las sesiones, han faltado una o dos veces excepcionales y siempre con justificación razonada.
En poco tiempo de iniciado el grupo, una defensora pública de Quetzaltenango se entera de las reuniones y temas tratados, por lo que pide ser parte del grupo, lo cual no estaba previsto, pero fue bienvenida inmediatamente; las vacaciones de fin de año y otras situaciones complejas, determinaron la suspensión de las sesiones por tres semanas, más no su interrupción, ya que el miércoles de la segunda semana de enero de 2005, se volvieron a reunir, tal y como estaba previsto, ahora con la grata incorporación de los jueces del tribunal de sentencia departamental. La presencia de nuevos miembros, ahora 7 y con el interés de otros profesionales de integrarse, determinó cambiar el lugar de reuniones, en la sala de deliberaciones del tribunal de sentencia departamental, que en un par de reuniones demostró ser insuficiente para los asistentes, por lo que se opto por utilizar la sala de capacitaciones del Complejo Judicial de Quetzaltenango, lugar en el que aún se realizan las sesiones de estudio, y que si bien es cierto al inicio su espacio para 45 personas era adecuado, ahora resulta insuficientes para los miembros actuales de la Comunidad Jurídica de Occidente.
Durante el tiempo de existencia del grupo, han participado como disertantes reconocidos académicos internacionales, entre los que sobresalen Alberto Binder (Argentina), Jhon Valvaele (Holanda), Jenny Pearcy (Inglaterra), Mauricio Duce (Chile), Silvina Ramírez (Argentina), Juan Enrique Vargas (Chile), Cristian Hernández (Chile). Asimismo, han asistido profesionales guatemaltecos de distinto lugar, con temas específicos y multidisciplinarios siempre vinculados al área penal.
Actualmente, la Comunidad Jurídica de Occidente está conformada por jueces, fiscales, defensores públicos, profesores de derecho, investigadores y litigantes de los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Retahuleu, quienes cada miércoles de 18:30 a 21:00 horas se reúnen en la sala de capacitaciones del Complejo Judicial de Quetzaltenango, con distintas motivaciones y diferentes esfuerzos para llegar, así como con criterios distintos y distantes, que en cada sesión llegan a converger e inmediatamente a aplicarse en el contexto judicial penal. El carácter plural de sus miembros, los conocimientos y experiencias de cada uno, así como las reglas no dictadas pero observadas, hacen de cada sesión un espacio idóneo del intercambio de conocimientos y construcción de conclusiones que pasan de lo académico a lo pragmático; pero además y relevante a la vez, crea un ambiente de confianza, respeto, tolerancia, armonía, solidaridad y compromiso por mejoras las prácticas forense, tendiente a tener un mejor sistema judicial, en el que todos participan determinantemente.
Por todas estas circunstancias, se ha mantenido el objetivo del grupo “estudio del derecho penal”, e incorporado el fin de “mejorar el sistema judicial penal”, variando la metodología inicial de carácter perspectívico, al de la teoría, práctica y conclusión, siempre conservando la participación efectiva de sus miembros. Es así como la Comunidad Jurídica de Occidente se convierte en una experiencia exitosa y única en Guatemala, que en vez de involucionar ha evolucionado positivamente en todo sentido y marcado una línea plausible a seguir, en especial por los aportes que le ha dado al modelo judicial penal basado en audiencias.
“No nos une el dinero ni los reconocimientos,
es el gusto al estudio del derecho y el compromiso
por mejorar el sistema judicial, lo que nos mantiene.” (Erick Juárez)
